Por Bruno Cortés
En el Senado se vivió uno de esos días en los que, aunque las discusiones parecen técnicas, en realidad están tocando fibras de la vida diaria de millones de personas. Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Estudios Legislativos Primera aprobaron por unanimidad una reforma que busca poner al día el delito de abuso sexual en el Código Penal Federal. Puede sonar a un ajuste jurídico más, pero lo que se discutió va directo al corazón de uno de los problemas más persistentes y dolorosos del país: la violencia sexual y la impunidad que la rodea.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena, una de las voces más activas en el tema, explicó que la reforma no solo moderniza el tipo penal, sino que lo alinea con estándares internacionales que México ya está obligado a cumplir. En pocas palabras, se trata de reconocer que la violencia sexual no siempre deja huellas físicas, que no siempre hay fuerza de por medio y que, sobre todo, no se puede seguir interpretando el silencio o la falta de resistencia como un “sí”. Ese punto, que puede parecer obvio en la vida real, todavía estaba enredado en criterios judiciales llenos de estereotipos.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara recordó que esta reforma nace de una iniciativa encabezada por la senadora Laura Itzel Castillo Juárez y la propia Micher. El objetivo es tener una definición más amplia y clara de lo que es el abuso sexual, tomando como base experiencias y estándares internacionales que han demostrado ser efectivos. Al final, la justicia también necesita actualizarse para entender la forma en que la violencia se ejerce hoy, incluso sin contacto físico, en espacios públicos y privados, y muchas veces aprovechándose del miedo, la vulnerabilidad o la confusión de la víctima.
Uno de los cambios clave del dictamen es eliminar la idea de que una persona que no se resiste físicamente o no grita está consintiendo. La falta de resistencia no es aprobación, y eso ya será ley. Además, se añaden medidas para garantizar reparación del daño y evitar que los hechos se repitan, un enfoque más centrado en las víctimas y menos en la burocracia.
Senadoras de distintos partidos coincidieron en algo poco común: que esta reforma es una pieza necesaria para seguir desmontando una estructura legal y cultural que ha normalizado muchas violencias. Virginia Magaña, del PVEM, dijo que estos cambios ayudan a construir la igualdad sustantiva que las mujeres reclaman desde hace décadas. Desde el PRI, Mely Romero destacó la urgencia de capacitar a autoridades para evitar que quienes denuncian terminen siendo revictimizadas, algo que sigue pasando incluso en oficinas diseñadas justamente para protegerlas.
Pero ahí no terminó el trabajo. Las comisiones también aprobaron otra reforma monumental que toca 17 leyes federales, desde educación hasta salud y vivienda, todo para alinear el marco jurídico con una visión más moderna de los derechos de las mujeres. Esta iniciativa viene directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, y su propósito es limpiar, ordenar y actualizar el lenguaje y la estructura legal para que lo que dicen las leyes se entienda, se aplique y sea coherente. En pocas palabras: hacer que las leyes se parezcan más a la realidad y menos a un manual antiguo.
Un ejemplo claro es el cambio de nombre a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que pasará a llamarse “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias”. Agregar una “s” puede parecer mínimo, pero detrás de esa letra está el reconocimiento de que no existe una sola forma de violencia: hay violencia digital, económica, simbólica, política, psicológica, institucional y muchas más. Nombrarlas es el primer paso para atenderlas.
Antes de cerrar la sesión, Micher informó que concluyó la convocatoria del Premio Elvia Carrillo Puerto con 120 postulaciones, reflejo del talento y trabajo de mujeres que impulsan la igualdad en el país. Un detalle que, aunque pequeño dentro del paquete de reformas, recuerda que este trabajo legislativo también está conectado con las luchas de quienes han abierto camino desde fuera del Congreso.
En resumen, el Senado dio un paso importante para poner al día la protección contra la violencia sexual en México. No es la solución final —porque las leyes son solo una parte del problema—, pero sí es una señal de que el Congreso está intentando mover piezas que por años permanecieron intactas. Y en un país donde la violencia sexual sigue marcando la vida de miles cada año, actualizar la ley no es solo un acto jurídico: es un acto de justicia pendiente.
